Desde hace ya varios años en los gobiernos europeos hay un tema sobre la mesa que, hasta ahora, no sabían bien como atajar. Ese tema se traduce en cientos de millones de euros al año que se quedan sin recaudar y con beneficios obscenos por parte de las grandes tecnológicas americanas que operan en nuestro continente. Ahora, en España, se ha aprobado la tasa Google con el fin de acabar con esta situación.

Seguro que estos días habéis oído en la radio y leído en los periódicos lo poquísimo que pagan empresas como Amazon, Netflix o Apple, entre otras, en cuanto a impuestos se refiere. Sus beneficios son increíbles pero su retribución a las arcas españolas (y europeas) es mínima.

Por ejemplo, la empresa Netflix, gigante del entretenimiento vía streaming, pagó 3.146 euros en impuestos en España en su primer ejercicio fiscal, teniendo unos ingresos aproximados de medio millón de euros. Es decir, más o menos el IRPF que paga un autónomo en España que gane 24.000 euros al año. Una diferencia bastante clara, sin duda.

Y no es la única, tanto Amazon como Apple y Google pagaron en impuestos cantidades irrisorias en el anterior ejercicio fiscal (Apple pagó 14 millones y fue la que más), y esto es una constante que lleva años repitiéndose en Europa.

Pero, ¿cómo es esto posible? Sencillo, utilizando ingeniería fiscal, que está mal vista, pero es legal. Las corporaciones tecnológicas como Google, Amazon, Facebook o Apple lo que hacen es tener la sede social en países como Holanda o Irlanda, donde la presión fiscal es menor y, desde allí, establecen filiales en el resto de países donde trabajan. Así el grueso de las ventas se queda en la matriz y las filiales tan solo tributan por los servicios de intermediación.

El viejo continente, como es consciente de esta desigualdad entre los impuestos que pagan sus empresas respecto a las norteamericanas, empezó hace unos años a mover el mecanismo jurídico que les permitiese agravar las actividades financieras de estas tecnológicas, y en algunos lugares ya se ha puesto en marcha (aunque con excepciones).

Ejemplo de ello es Francia, ya que el Gobierno francés aprobó en 2019 este impuesto a las transacciones financieras y a las grandes tecnológicas, llegando a cobrarlo incluso, pero se vieron forzados a dar marcha atrás cuando la administración Trump anunció impuestos de hasta el 100% sobre los productos franceses.

Hoy María Jesús Montero, ministra de Hacienda, ha justificado esto impuesto debido a la necesidad de “modernizar y adaptar el sistema tributario español, anclado en el siglo XX, a las nuevas realidades económicas del siglo XXI”. Con la tasa Tobin (sobre transacciones financieras) y la tasa Google (servicios digitales), el Gobierno espera recaudar 1.800 millones de euros al año, 968 de ellos con el impuesto digital.

Eso sí, España va a esperar a final de año para hacer efectivo este impuesto, ya que quiere espera a haya un acuerdo internacional sobre este impuesto en las negociaciones que se están llevando a cabo en la OCDE y en el G-20, además de dar más tiempo a las empresas para que se adapten a la nueva regulación.

Por contrapartida a esta subida en la recaudación, desde EEUU ya han amenazado con imponer aranceles a aquellos países que aprueben la tasa Google. De ahí que Europa, en su conjunto, deba hacerse fuerte e ir unida para tener peso en las negociaciones con la Casa Blanca.

Comienza una nueva era y España ha querido ponerse en cabeza, las tecnológicas americanas son las empresas que más facturan al año en todo el mundo, y los estados creen que su deber es pagar como tales. Veremos en qué acaba esto, pero se acaba de dar el primer paso.