Ni el 5G provoca coronavirus ni el agua caliente elimina el SARS-CoV-2. Durante la pandemia se han difundido una gran cantidad de bulos sobre la COVID-19, el tema hegemónico de los últimos nueve meses. Pandemia e infodemia han ido de la mano. Cuando la sobreabundancia de información respecto a un tema concreto alcanza niveles tales como los que hemos atestiguado, las fake news aumentan necesariamente, en la medida en que también la cantidad y exposición a ellas es mayor. La desinformación se convierte en avalancha.

Según el III Estudio de Bulos en Salud que Doctoralia y Salud sin Bulos presentaron la semana pasada, el 92% del personal sanitario cree que la pandemia ha provocado un incremento de las noticias falsas sobre salud y el 72% ha atendido a pacientes preocupados por bulos sobre el coronavirus. La desinformación no solo genera escepticismo y desconfianza en los medios de comunicación, sino que también puede llegar a poner en riesgo a las personas. De hecho, a través de bulos y fake news, las teorías de la conspiración y los movimientos negacionistas han cobrado más vida que nunca.

[¿Es la verdad lo contrario a la desinformación? - Créditos: Unsplash ]
[¿Es la verdad lo contrario a la desinformación? – Créditos: Unsplash ]

Este es el contexto en el que el jueves pasado el Gobierno aprobó el denominado Procedimiento de actuación contra la desinformación, un protocolo para detectar y prevenir campañas de desinformación. La medida ha sido duramente criticada tanto por la oposición, que la considera un “ministerio de la verdad”, como por muchos medios de comunicación. Sin embargo, tras una denuncia del Partido Popular, el lunes la Comisión Europea avalaba el polémico protocolo. ¿Es el nuevo mecanismo de lucha contra la desinformación un ataque contra la libertad de prensa o un valedor de la misma? Vayamos por partes.

¿Qué es lo que se ha aprobado?

La finalidad del plan del Gobierno es luchar contra la difusión sistemática y a gran escala de mensajes falsos. El texto toma la definición de desinformación de la Comisión Europea: “información verificablemente falsa o engañosa que se crea, presenta y divulga con fines lucrativos o para engañar deliberadamente a la población, y que puede causar un perjuicio público”. De hecho, el proyecto se basa en el Plan de Acción de la Unión Europea contra la Desinformación, una iniciativa aprobada en diciembre de 2018 que establece un mecanismo de alerta rápida sobre las campañas de desinformación. Así lo reconocía el portavoz de la Comisión, Joannes Bahrke, el lunes: “el objetivo de la orden ministerial es garantizar la participación de España en el plan de acción de la Unión Europea contra la desinformación”.

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El protocolo está orientado “a mejorar y aumentar la transparencia con respecto al origen de la desinformación y a la manera en la que se produce y difunde, además de evaluar su contenido”. Realmente, regulariza una actividad que lleva en práctica desde marzo de 2019, ya que por aquel entonces el Gobierno de Mariano Rajoy atendió a la iniciativa europea, pero no hizo público el contenido del procedimiento de actuación contra la desinformación. Bahrke ha recordado que la orden se limita a “actualizar el sistema nacional ya existente para prevenir, detectar y responder a las campañas de desinformación y establece las estructuras de coordinación”.

La desinformación como arma política

El objetivo del protocolo es detectar campañas de desinformación promovidas desde el exterior que puedan dañar los intereses nacionales del país. Es decir, evitar injerencias extranjeras en procesos electorales o en cuestiones relacionadas con la salud, el medio ambiente o la seguridad, por ejemplo. Las batallas ya no solo se libran con tanques y misiles, que también. La desinformación es un arma muy poderosa.

Las injerencias rusas en las elecciones presidenciales estadounidenses de 2016 a través de la desinformación han sido probadas y se sospecha que se pudieran haber dado también en el referéndum del Brexit. Antes incluso, ya que la Unión Europea considera que, durante la crisis de Crimea de 2014, Rusia combinó la agresión militar con un bombardeo de informaciones presuntamente falsas o manipuladas.

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Precisamente esa fue la razón por la que la UE decidió crear la East StratCom Task Force, una unidad dependiente del Servicio Europeo de Acción Exterior y especializada en la detección y prevención de campañas de desinformación con el objetivo de neutralizar la propaganda a través de fake news. El Plan de Acción de la Unión Europea contra la Desinformación, al que responde el protocolo aprobado por el Gobierno, pretende combatir este tipo de agresiones. Con esa iniciativa, la Comisión Europea instó a los Estados miembro a establecer sus propios planes y estructuras nacionales en la materia.

Librar la batalla contra la desinformación

El polémico protocolo establece cuatro fases en la lucha contra la desinformación: la monitorización y vigilancia de la red para detectar campañas de noticias falsas, el seguimiento y evaluación de la misma a través de una Comisión Permanente contra la Desinformación, su elevación a “nivel político-estratégico” si procede y la correspondiente “respuesta política”, que puede ser desde una campaña de comunicación pública hasta una denuncia ante un organismo internacional o una protesta diplomática.

Por lo tanto, el procedimiento queda en manos exclusivamente de la Administración, tomando parte la Secretaría de Estado de Comunicación, el Departamento de Seguridad Nacional, el Centro Nacional de Inteligencia, la Secretaría de Estado de Seguridad, el Ministerio de Exteriores e incluso o la Secretaría de Estado de Transformación Digital e Inteligencia Artificial del Ministerio de Economía. No se prevé la participación sistemática de los medios de comunicación, aunque sí se reconoce su papel “esencial” en la lucha contra la desinformación y se abre la puerta a “solicitar la colaboración de aquellas organizaciones o personas cuya contribución se considere oportuna y relevante”.

De las injerencias extranjeras al ministerio de la verdad

Tratándose de una cuestión que viene de Europa, que ya estaba en práctica y cuyo objetivo es la seguridad nacional, podría pensarse que este procedimiento no levantaría muchas ampollas. Nada más lejos de la realidad. La oposición lo ha considerado un ataque a la libertad de prensa, ideológica y de expresión. El Partido Popular y Vox se han referido a él como “ministerio de la verdad”, en una clara alusión orwelliana.

La novela 1984 de George Orwell recrea una distopía totalitaria en la que se utiliza el doblepensamiento, un proceso de adoctrinamiento por el cual se espera que el sujeto acepte como verdadero lo que es claramente falso o que acepte simultáneamente como correctas dos ideas mutuamente contradictorias. De este modo, el Ministerio de la Verdad de Orwell es una especie de ministerio de la justicia adulterado. Entre sus cometidos están la falsificación de acontecimientos históricos y el dictamen de lo que es verdad. Es decir, fabrica la verdad.

Las divergencias entre este ministerio de la verdad y el protocolo aprobado por el Gobierno son evidentes. No se pretende dictar lo que es verdad o lo que hay que pensar, sino todo lo contrario: generar unas condiciones en las que se pueda ejercer la libertad de prensa y de expresión sin injerencias. De hecho, no se prevé nada que no se esté haciendo ya, bien para luchar contra la desinformación o bien para, por ejemplo, combatir el terrorismo a través de la monitorización de la red. El procedimiento no actúa contra los medios de comunicación, sino que da cobertura a los servicios de inteligencia.

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La vicepresidenta del Gobierno defendía así el proyecto el lunes: “se trata fundamentalmente de proteger nuestro país de ataques externos. […] No tiene absolutamente nada que ver con la libertad de prensa, ideológica y de expresión de nuestro país. El Gobierno no tiene una sola mácula en relación a los medios de comunicación”. Los medios de comunicación siguen jugando un papel fundamental en la detección de noticias falsas, pero son niveles distintos de una lucha común.

Muchos profesionales de la información han criticado la naturaleza de los actores que intervienen en el procedimiento y la falta de precisión de la orden ministerial en algunos aspectos, apreciaciones legítimas que demuestran que se puede criticar sin desvirtuar el objeto criticado. Los distintos países europeos están optando por fórmulas diferentes para luchar contra la desinformación, es una cuestión prioritaria. Seguramente el protocolo del Gobierno no sea perfecto, pero no hay ningún ministerio de la verdad. No deja de ser paradójico, para terminar, que se utilice una falacia semejante para rebatir precisamente una medida contra la desinformación.