Casi un año después de que el proyecto de ley iniciara su periplo entre las cámaras francesas, la Ley de Bioética regresa esta semana a la Asamblea Nacional en segunda lectura. El último cometido de la Cámara Baja antes del parón estival será pronunciarse sobre las 2.300 enmiendas introducidas por el Senado en febrero. A esto se suman las medidas rechazadas por la Cámara Alta en primera lectura, pero recuperadas a principios de julio por la comisión especial encargada de reelaborar el texto antes de su discusión en sesión pública. Por lo tanto, el debate promete ser intenso.

El núcleo mediático de la Ley de Bioética es la llamada “reproducción asistida para todas”, promesa electoral del presidente Emmanuel Macron que supone abrir estas técnicas, actualmente reservadas a parejas heterosexuales, a mujeres solteras y a lesbianas. Esta medida ya ha recibido luz verde en ambas cámaras. Las discrepancias se centran ahora en el modo de filiación –mediante declaración previa ante notario o mediante adopción– y, sobre todo, en el reembolso de los gastos.

Mientras que la mayoría de derechas del Senado es partidaria de limitar el reembolso de la reproducción asistida a los casos en los que exista infertilidad, La Republique en marche (LREM), el partido de Macron, no cesa en su esfuerzo por lograr que la Seguridad Social corra con los gastos en todos los casos. De hecho, la comisión especial ha reintroducido esta última postura bajo el pretexto de la igualdad invocada en el primer artículo del proyecto de ley.

Sin embargo, la Ley de Bioética francesa va mucho más allá de la simple ampliación de la reproducción asistida. Una vez rechazadas por parte de ambas cámaras la gestación subrogada y la fecundación in vitro post mortem, todavía están sobre la mesa cuestiones como la vitrificación de ovocitos sin justificación clínica en centros privados, el levantamiento parcial del anonimato del donante –una vez la persona, ya mayor de edad, lo solicite y el donante dé su consentimiento– y el método ROPA (recepción de óvulos de la pareja). Esta última técnica consiste en la donación de óvulos de una mujer a su pareja, quien finalmente alberga el embrión en su útero.

Otro punto reintroducido en el debate a pesar de la negativa del Senado es la autorización del diagnóstico genético preimplantacional (DGP) de los embriones aneuploides, es decir, con anomalías en el número de cromosomas. Actualmente, en Francia, solo está permitido realizar el DGP para detectar patologías específicas de las que uno de los padres sea portador. De este modo, solamente es posible estudiar células tomadas de un embrión para buscar una anomalía genética conocida en la familia, como la fibrosis quística (enferemdad pulmonar crónica) o la neurofibromatosis (trastorno genético del sistema nervioso), e implantar así únicamente los embriones que no desarrollen dicha enfermedad. Por tanto, no se pueden detectar anomalías cromosómicas formadas al azar.

La controversia en torno al DGP estriba en que, mientras que algunos lo ven como una forma de eugenismo, para los profesionales dedicados a la reproducción asistida supone sencillamente una ayuda, sobre todo en el caso de mujeres de edad avanzada. Además, vinculado al DGP, la última reelaboración del proyecto de ley también abriría la puerta al denominado “hermano salvador” o “bebé medicamento”. Es decir, daría la posibilidad a los padres de un niño enfermo de concebir otro hijo a partir de un embrión elegido previamente por ser portador de células madre capaces de curar al primero.

Por último, otro de los objetivos que el sector más progresista pretende lograr con la revisión de la Ley de Bioética es avanzar en la protección de los menores intersexualesnacidos con características sexuales femeninas y masculinas–. Esta medida, recuperada por la comisión especial a principios de mes, garantizaría que el diagnóstico de estos niños fuese siempre confiado a centros especializados, con el objetivo de evitar operaciones prematuras. En Francia, existen cuatro centros de referencia en la materia. Según Amnistía Internacional, el 1,7% de los bebés que nacen cada año presentan variaciones de las características sexuales.

En resumen, la Asamblea Nacional francesa tiene una ardua tarea por delante. Aunque LREM cuenta con mayoría en la Cámara Baja y muchos lo ven como una forma de recuperar el electorado de izquierda a dos años de las elecciones presidenciales, a los diputados se les ha concedido excepcionalmente libertad de voto, por lo que no hay nada asegurado. De todas formas, ahí no finaliza el recorrido de la Ley de Bioética. En otoño será al Senado a quien le toque realizar la segunda lectura del proyecto y, vistas las discrepancias de la primera vuelta, no será fácil que ambas cámaras lleguen a una postura de consenso.