Con el fin del confinamiento y la nueva normalidad, parece que el coronavirus se haya esfumado, pero nada más lejos de la realidad. 

El virus, que ha infectado a más de 9 millones de personas en todo el mundo, sigue vivito y coleando, por lo que toda precaución es poca cuando se trata de prevenir rebrotes. 

Si algo hemos aprendido durante la pandemia es que la tecnología puede ser una gran aliada y justo en ese punto es donde entra la controvertida (porque tiene unos cuantos detractores) opción de que los gobiernos utilicen una aplicación para rastrear contactos.

España ya ha anunciado la puesta en marcha de una fase piloto para probar la eficacia de una nueva aplicación móvil de rastreo de contactos, cuyo objetivo es el de minimizar y controlar el impacto de la COVID-19. La aplicación está basada en el sistema Google y Apple desarrollaron juntos y que se basa en la utilización del Bluetooth de los teléfonos, para trazar un mapa preciso de quién ha estado en contacto con quién.

La idea es que esta aplicación registre a cada ciudadano que da positivo por COVID-19 y se pueda hacer un seguimiento de las personas con las que ha estado en contacto, para poder así realizar una detección temprana y frenar drásticamente la propagación.

Canarias como campo de pruebas

La fase piloto comenzará en Canarias, concretamente en La Gomera y tendrá lugar entre el 29 de junio y el 13 de julio. Después de ese plazo, el Gobierno decidirá si se implementa o no de forma definitiva, así que antes de que ese momento llegue, sería interesante que sepamos cómo funciona y qué aspectos relacionados con la privacidad deben o no preocuparnos.

Según Indra, la empresa a cargo del proyecto en España, nuestro país será el cuarto país del mundo en lanzar un piloto de una aplicación de este tipo basada en la API de Google y Apple. Además añaden que será el único que simule contagios con el fin de realizar mediciones mucho más realistas durante esta fase de pruebas.

De este modo, la aplicación generará de manera automática falsos positivos y negativos con el fin de comprobar cómo funciona el sistema de notificaciones “ajustando su umbral operativo para evitar que haya distorsiones en un futuro escenario real”.

El plan del Gobierno es lograr que se descarguen la aplicación al menos 3.000 de los 22.000 habitantes de La Gomera y simular 300 falsos positivos. Esos 300 positivos ficticios deberían provocar que cualquier ciudadano que tenga la aplicación instalada, reciba una alerta para saber si haber estado cerca de un supuesto contagiado. La aplicación utiliza la conexión Bluetooth de los móviles para que estos emitan y observen identificadores anónimos de otros teléfonos.

Si tú eres una de esas personas que quiere usar la aplicación (porque no es obligatorio) y se te diagnostica COVID-19 en una prueba PCR, el servicio de salud te preguntará si quieres dar tu consentimiento para que se envíe una notificación anónima a la aplicación. Las personas que hayan estado en contacto contigo y tengan la aplicación descargada recibirán un aviso sobre el riesgo de posible contagio.

El otro punto es que, en el caso de que hayas estado en contacto con una persona contagiada, la aplicación te facilitará instrucciones sobre cómo actuar y, en teoría, los rastreadores (agentes sanitarios que se encargan de seguir el rastro dejado por una persona contagiada y su entorno) de tu comunidad autónoma, se pondrán en contacto por teléfono contigo para investigar posibles cadenas contagios.

¿Y mi privacidad qué?

Como cualquier método que implique geolocalización, esta API ya tiene detractores. Hace unas semanas, los sistemas operativos móviles introdujeron la compatibilidad para que funcionen las aplicaciones que desarrollen las autoridades sanitarias con esta API. Al cabo de unas horas, un bulo comenzó a circular -como no- por WhatsApp (sí, uno de esos que han proliferado durante la pandemia). El mensaje decía algo así como que “Google está instalando una aplicación de Covid en los móviles Android secretamente y sin permiso”. También pasó lo mismo en iOS.

Pues bien, debemos matizar que el desarrollo de la nueva aplicación que usará el Gobierno se basa, además de en la API de Google y Apple, en el protocolo Decentralized Privacy-Preserving Proximity Tracing (conocido como DP-3T), creado con el objetivo de llevar al extremo la privacidad de los usuarios.

Además, todos los contactos rastreados por la aplicación han de permanecer anónimos por orden expresa de Europa y solo se envían al servidor los identificadores cifrados que cada móvil emite y en ningún caso los que el teléfono recibe de otros cercanos.

 Así que calma, si te instalas la aplicación y la usas, no le estás dando tus datos al Gobierno, ¡que no estamos en 1984!