“Nuestro país, nuestra Constitución, nuestra decisión”. Este ha sido el eslogan con el que el Gobierno ruso ha defendido durante meses una vasta reforma constitucional aprobada en un referéndum simbólico el pasado miércoles, pero efectiva desde el mes de marzo. Sin cabida para la sorpresa, el 76’4% de los votantes ha respaldado la modificación de la carta magna, que a partir de ahora se autodefine como prioritaria frente al derecho internacional.

Con el objetivo de espaciar el voto y evitar aglomeraciones, el holgado plebiscito, pospuesto más de dos meses por el coronavirus, ha transcurrido durante siete días, del 25 de junio al 1 de julio. Además, algunas urnas se han colocado en parques y plazas al aire libre para animar a una participación que finalmente ha llegado al 65%, cifra ligeramente inferior a la de las últimas tres elecciones presidenciales (67’5% de media).

Aunque lo que ha hecho trascender la noticia a nivel internacional han sido las modificaciones orientadas a reforzar la figura del presidente, la reforma, aprobada previamente por el Parlamento ruso en marzo, comprende 200 enmiendas a la Constitución de 1993, que se compone de 137 artículos. Esta amplia renovación incluye desde medidas conservadoras y nacionalistas hasta medidas sociales encaminadas a mejorar el poder adquisitivo de la población (por ejemplo, garantiza un salario mínimo por encima del umbral de la pobreza y blinda las pensiones y las prestaciones por maternidad).

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Entre las disposiciones de corte más conservador, se incorpora a la carta magna el respeto a la memoria nacional y a la Iglesia ortodoxa, así como la definición del matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer, lo que supone la prohibición de facto del matrimonio entre personas del mismo sexo. Resulta paradójico que esta última medida haya sido respaldada por la población coincidiendo justamente con la semana del Orgullo LGTBIQ+.

No obstante, el meollo de la cuestión lo conforman las enmiendas políticas, que se pueden resumir en el fortalecimiento del Kremlin frente a las autoridades locales y municipales y, más concretamente, en la ampliación de poderes del presidente ruso. Estas medidas favorecen claramente a Putin, que, bajo el pretexto de promover la estabilidad en Rusia, podrá presentarse a las elecciones presidenciales hasta en dos ocasiones más cuando en 2024 acabe su cuarto mandato como jefe de Estado.

El exespía de la KGB lleva en el cargo desde el año 2000, con salvedad de la legislatura 2008-2012, en la que ocupó el puesto de primer ministro y cedió la jefatura del Estado a su fiel escudero Dimitri Medvédev. De hecho, en 2012 ya se benefició de otra reforma constitucional, orquestada para ampliar los mandatos presidenciales de 4 a 6 años. Tras la nueva modificación, Putin, que tiene actualmente 67 años, podrá permanecer al frente del país hasta 2036, es decir, hasta su octogésimo cuarto cumpleaños.

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Aunque el referéndum no era vinculante (prueba de ello es que, antes de que se celebrase, la nueva versión revisada de la Constitución ya estaba a la venta), la población ha legitimado la reforma y ha vuelto a respaldar a su inagotable líder, aun cuando el político petersburgués no está pasando por su mejor momento. Según la compañía de demoscopia Levada Center, la confianza de los rusos en su presidente ha caído hasta el 59%, el peor índice de popularidad de Putin desde septiembre de 1999 y lejos del 80% del que gozaba en 2016.

En cualquier caso, una parte significativa de la población sigue viendo a Putin con buenos ojos. Evidentemente, en Rusia existe una oposición, que una vez más ha denunciado la manipulación de los resultados, pero para muchos el presidente sigue siendo la figura que restauró el orgullo de un pueblo descolocado tras la caída de la Unión Soviética, el líder capaz de unir lo que se estaba resquebrajando o, simplemente, el mal menor. Sea por la razón que sea, lo cierto es que, haciendo honor a su apellido, que en ruso significa “camino”, Putin seguirá dibujando el futuro del país más grande -en extensión- del mundo.